Los Obispos del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana invocan a una mayor vigilancia en el ámbito ético-moral de las instancias del Estado y evitar los monopolios del poder.

Los Obispos A continuación, el mensaje completo del Consejo Permanente del Episcopado Peruano:

POR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD, DEL BIEN COMÚN Y DE LA SOLIDARIDAD EN EL PERÚ

“Quiero que la justicia sea tan fluida como el agua, y que la honradez crezca como un torrente inagotable”. (Amós 5,24)

Estimados hermanos (as),

Ante los recientes acontecimientos políticos y sociales que involucran a los diferentes poderes del Estado y comprometen la institucionalidad, la constitucionalidad, la gobernabilidad y la calidad de vida de todos los peruanos, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, como Pastores y ciudadanos, quiere invitarlos a reflexionar sobre la necesidad de garantizar la legalidad, el bien común y la solidaridad como pilares fundamentales para alcanzar la paz y la justicia en nuestro querido Perú.

Esta reflexión no pretende proponer soluciones técnicas a los problemas relacionados con la crisis de la legalidad en nuestro País, sino contribuir a retomar un camino de civilidad para mejorar la convivencia humana.


Respeto a la Legalidad

  1. La “legalidad”, es el respeto al Estado de Derecho y la práctica de las leyes, y constituye una condición fundamental para vivir en libertad, justicia y paz.  Las leyes deben corresponder a la rectitud moral, cuya justificación más profunda proviene de la dignidad misma de la persona humana, que se realiza y expresa en la sociedad.
  2. El respeto a la legalidad no es un simple acto formal, sino un gesto personal que encuentra en el ordenamiento moral su alma y su justificación.
  3. La promoción y defensa de la justicia es tarea de todo ciudadano, la cual no se puede delegar solo en algunas personas responsables de funciones específicas en las instituciones del Estado.
  4. San Juan Pablo II en Nápoles (1990) dijo: “No hay nadie que no vea la urgencia de una grande recuperación de la moralidad personal y social, de legalidad. Sí, ¡Urge una recuperación de la legalidad!” También en nuestro país.
  5. Anhelamos que en todas las regiones de nuestro país haya una decidida recuperación de moralidad y legalidad, y una firme educación de la conciencia social.


Legalidad y Bien Común

  1. El Concilio Vaticano II afirma que “el bien común de la sociedad, consiste sobre todo en el respeto de los derechos y de los deberes de la persona humana” (Dignitatis humanae, 6), por lo que suconsecución constituye el propósito de la organización de toda sociedad, unifica a los hombres más allá de la diversidad de sus intereses particulares, protege y promueve el auténtico desarrollo de cada persona, de cada familia y de la comunidad entera.
  1. Una conciencia y praxis viva de la legalidad exige que la formulación de las leyes obedezca ante todo a la tutela y a la realización del bien común. El bien común como fin de la ley es la razón de ser de la misma ley. Por lo tanto, el bien común debe animar todo sistema legislativo. Toda ley que no está dirigida al bien común no tiene razón de ley. Esto equivale a reconducir la acción política a su función original, que consiste en servir al bien de todos los ciudadanos, con especial atención a los más débiles y vulnerables.
  2. Lamentablemente se ha llegado a cultivar más el interés inmediato de los particularismos antes que el bien común, lo que ha llevado a una gestión reduccionista de la política.
  3. El Papa San Juan Pablo II en Centesimus annusnos dice que: “Debemos procurar una democracia política rica en valores”, que debe centrarse en un programa de desarrollo capaz de vencer el carácter episódico de los intereses particulares o de grupos.
  4. En este contexto, los partidos políticos deben saber escuchar las necesidades reales de las personas, elaborar programas coherentes, construir procesos de desarrollo duraderos, y saber mediar entre intereses opuestos para lograr consensos en orden al bien común. (Papa Francisco).
  5. Y ante la debilidad de una cultura sometida a los partidos e intereses políticos, la Iglesia tiene el compromiso de evangelizar, pero también el de educar y promover el bien común, sabiendo que éste exige iniciativas eficaces para afrontar los problemas que nos acechan, pasandode la “cultura de la indiferencia” a la “cultura de la fraternidad, de la cercanía, de la comunión y de la solidaridad”. (Papa Francisco)


Solidaridad y Bien común

  1. La solidaridad es una exigencia de la fraternidad humana y cristiana (Cfr. Catecismo de la Iglesia católica No. 1939) y se manifiesta en la equitativa distribución de bienes. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo donde las tensiones puedan ser resueltas, y donde los conflictos encuentren su solución dialogada para el bien común. (Cfr. Catecismo de la Iglesia católica No1940).
  2. Esta solidaridad se consigue con la participación activa de todos, en orden a hacer que las estructuras de la sociedad respondan a las necesidades básicas de la vida humana y sean siempre correspondientes a las exigencias fundamentales de libertad, de justicia y de igualdad de la persona humana.
  3. Hoy es aún más necesario un tiempo de profundo sentido y vivencia de solidaridad, lo que debe conectar a los grupos política y económicamente más fuertes con aquellos más débiles.
  4. Así, el bien común exige a la vez una amplia y capilar difusión del sentido de solidaridad entre todos los hombres, una mayor vigilancia en el ámbito ético-moral de todas las instancias del Estado, para que no se constituyan monopolios de poder.
  5. Debemos caminar a una decidida y sistemática educación de las conciencias. A esta tarea educativa la Iglesia se siente directamente comprometida en virtud de su misión pastoral, porque sabe con certeza que sólo la aceptación de la verdad plena sobre el hombre y su dignidad puede llevar al verdadero bien común.


Criterios para construir la cultura de la legalidad, del bien común y de la solidaridad

  1. El sentido de legalidad exige un constante proceso educativo en el que se resalte la dignidad y la centralidad de la persona humana, la importancia de actuar en libertad, responsabilidad y corresponsabilidad, haciendo Vida la solidaridad.
  2. Para que la vida social se desarrolle conforme a los auténticos principios de la legalidad son necesarias algunas condiciones:
    a)     La existencia de claras y legítimas reglas de comportamiento que antepongan el bien común a los intereses particulares;
    b)     La corrección y transparencia de los procedimientos que conduzcan a la elección de las normas y a su aplicación;
    c)     La estabilidad de las leyes que regulan la convivencia civil;
    d)     La aplicación obligatoria de estas normas para todos y no solo para algunos;
    e)     La eficiencia de estructuras sociales que permitan a todos, el ejercicio de sus propios derechos;
    f)      Atención prioritaria de aquellos que, por motivo de su debilidad o vulnerabilidad, no tienen ni la voz ni la fuerza suficiente para ponerlos a la consideración de los otros;
    g)     Atención preferencial a los pobres, marginados y descartados de la sociedad. (Cf. Papa Francisco, VII Jornada Mundial de los pobres)


Invocación al compromiso del Estado, de la clase política y de la sociedad civil

  1. Quienes tengan responsabilidades políticas y administrativas deben cultivar virtudes como el desinterés personal, el respeto a la dignidad humana, el sentido de la justicia y de la solidaridad.
  2. Para asumir como propias las necesidades del prójimo es crucial que la política facilite la participación directa de los ciudadanos en las decisiones fundamentales de la vida comunitaria y social e impida que las situaciones de injusticia se perpetúen por temor a contradecir a los más fuertes.
  3. Para el correcto desarrollo de la vida social, es imprescindible que la comunidad civil recupere su función política, que a menudo ha delegado exclusivamente a los que se consideran expertos de la política y de este compromiso de la sociedad.
  4. La lucha por la eliminación de estructuras sociales injustas es un compromiso que también corresponde a la sociedad civil que tiene que llevar a cabo su función política, haciéndose cargo de los problemas generales del País.
  5. La auténtica caridad se contiene en la exigencia de la justicia: se traduce en una defensa apasionada de los derechos de todos; por ello debemos formar y construir una conciencia crítica y un testimonio concreto del verdadero sentido de la legalidad.
  6. La atención a las necesidades materiales y espirituales de todos los peruanos deben estar siempre al centro de la vida económica y social, y deben constituirse en la primera preocupación de toda acción política, por lo que este compromiso debe ser asumido por todos e inspirado por el espíritu de servicio, transparencia y real competencia.


Dios Bendiga al Perú

Lima, 26 de Junio del 2024

 

LOS OBISPOS DEL CONSEJO PERMANENTE

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